En julio pasado, cuando el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció un proyecto para recortar el ingreso de los funcionarios, considerando que “el esfuerzo para superar la pandemia tiene que ser compartido por cada uno de nosotros con disciplina y solidaridad”, la Asamblea Nacional (AN) pagó el 87% de su planilla 172 –conocida como cashback–, de $8 millones.
Pese a más de 10 llamadas y correos, el presidente de la AN, Marcos Castillero, evitó detallar los motivos que lo hicieron contratar a unas mil 750 personas –adicionales al personal permanente y eventual de la entidad– para ofrecer servicios profesionales cuando el país estaba paralizado y en confinamiento.
¿Cuáles eran sus funciones?, preguntó La Prensa. La AN indicó que “no cuenta con un programa que contenga el detalle de la información” y remitió a este medio a la Contraloría General, que tampoco lo reporta.
“No existe ninguna disposición emitida por el Ejecutivo que, basada en el plan de austeridad, que permita a la Contraloría General de la República negar el refrendo de estas planillas, sobre todo cuando contaban con la disponibilidad presupuestaria que es uno de los requisitos a fiscalizar. Por lo tanto, el refrendo de las planillas de servicios especiales señaladas honró el compromiso adquirido previamente por el Estado al momento de suscribir los contratos con cada una de las personas beneficiarias, máxime que estos contratos cumplieron previamente con el requisito de refrendo por parte de nuestra entidad”, respondió la Contraloría.
Asamblea reactiva planilla 172 y paga $8 millones en plena pandemia
En julio pasado, en medio de uno de los confinamientos más severos del continente, cuando el país enfrentaba el pico de la pandemia y el Órgano Ejecutivo ejecutaba su llamado plan de “austeridad con eficiencia”, la Asamblea Nacional (AN) actuaba de manera diametralmente opuesta.
Ese mes de julio, el Órgano Legislativo pagó el grueso de una controvertida planilla: la de la partida 172, bautizada por los propios diputados como la “planilla cashback”.
Esta partida cobró notoriedad en 2017, tras una investigación de este medio que reveló que personal de los diputados ofrecía –a domicilio, incluso– “ayudas económicas” a personas de escasos recursos que, tras aceptarlas, las recibían en forma de contratos por servicios profesionales. Pero estas personas no ofrecían servicio alguno.
De hecho –según contaron a este diario los receptores de los contratos– entre el 90% y 95% del monto del contrato era devuelto en efectivo a los oferentes que, a su vez, lo entregaban presuntamente al político que ofrecía tales “ayudas”.
Este año, entre mayo y septiembre, la AN pagó unos mil 750 contratos a personas que supuestamente ofrecieron servicios profesionales (contratos que por lo general tienen vigencia de un semestre y se hace un solo pago). El monto global se elevó a un total de $8 millones, de los cuales, el 87% se pagó en julio pasado.
En otras palabras, en medio del desplome económico a causa de la pandemia y de las severas y prolongadas medidas tomadas por el Gobierno y con el mayor déficit fiscal de las últimas décadas, la AN ha pagado en contratos –cuyos fondos salen de la partida 172– 10 veces más que el monto total asignado a esta partida el año pasado: $800 mil.
Y no es poca cosa lo pagado en la planilla cashback. Considérese que con ese dinero se habría podido pagar el total del costo de las casi 1.5 millones de vacunas contra la influenza adquiridas por el Ministerio de Salud en abril pasado.
O se habría podido adelantar, no una sino tres veces, los $2.5 millones que cuesta iniciar las obras de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) –un proyecto postergado desde hace 10 años–, fondo incluido en el proyecto de presupuesto de la UP para 2021, pero eliminado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Misterio
¿Cuáles son las funciones de esas mil 750 personas contratadas por servicios profesionales en la planilla de la partida 172, y cuyo ingreso promedio por contrato es de $4 mil 500, para un desembolso total de $8 millones?
Una vez más, la AN no da detalle alguno en su portal digital, que únicamente muestra los de sus empleados permanentes. La Prensa pidió a la AN –a través de Ley de Transparencia– nombres, cédula, cargos, estado del contrato y fecha en que se efectuó la contratación, pero no lo facilitó.
“Le comunicamos que esta institución no cuenta con un programa que contenga el detalle de la información, tal y como usted lo ha solicitado”, fue la respuesta de la AN en una carta a este medio.
El artículo 7 de la Ley 6 de 2002 (de Transparencia) indica que si el funcionario sabe dónde está la información, debe indicarlo.
Marcos Castillero, presidente de la AN, respondió en esa carta que se puede acceder a dicha información en el portal de la Contraloría.
A través de un correo, La Prensa preguntó a la AN si no contaba con un programa de Excel para publicar los datos solicitados, pues se hizo la observación de que en las planillas de la Contraloría no se revelan los cargos, sólo el “tipo de pago”. Las preguntas no fueron respondidas.
Y, aunque la Contraloría cuenta con información en una subsección poco visible denominada “Sin datos”, ubicada dentro de la sección “Consulta de pagos de planillas y donaciones de la Asamblea Nacional”, no se revelan cargos o funciones de los contratados ni qué diputado es el responsable de la contratación.
La Contraloría respondió a La Prensa que, según la Constitución, las personas nombradas por la AN por servicios profesionales no son servidores públicos, sino que realizan servicios especiales y, por lo tanto –de acuerdo con la Ley de Presupuesto de 2020– en el portal electrónico de la Contraloría no se les asignan cargos. En cuanto a sus funciones, indicó que estas deben determinarse entre las partes y la información se debe incorporar en cada contrato antes del refrendo, a fin de verificar que no haya dualidades e incompatibilidades en el ejercicio de la contratación.
“Luego y como contraprestación al servicio brindado, todo trámite de pago de las planillas de servicios especiales que se gestione ante la Contraloría General tiene que ir acompañado de toda la documentación pactada, incluyendo los informes de avance, por lo que nuestra institución tiene debido conocimiento del cumplimiento o no de los servicios especiales contratados por las entidades del Estado”, concluyó la Dirección de Fiscalización de la Contraloría.
A la fecha, no se ha podido constatar la existencia de ni un solo informe que pruebe tales avances por los contratos y servicios refrendados.
Con todo y la falta de información, La Prensa pudo extraer algunos datos y trasladarlos a una tabla de Excel, que permitió analizar y encontrar algunos patrones.
“Refugio de invierno”
Diputados no reelectos o exfuncionarios están entre los contratados por servicios profesionales en la AN que, además, tienen los contratos de mayor cuantía. Por ejemplo, en el grupo de personas con cédulas de Bocas del Toro figura el exdiputado Javier Patacón Ortega (PRD), con pagos que suman $24 mil 666 en dos cheques: uno del 24 de julio, por $5 mil; y otro de $19 mil 666, pagado el 18 de junio, según la Contraloría. La Prensa consultó a Ortega por chat y llamadas telefónicas sobre sus servicios, pero no respondió.
Por la provincia de Coclé, entre los mejores pagados están Héctor Emilio Álvarez Tejeira (PRD), ex vicegobernador de esa provincia (1999-2000), con $22 mil 200, pagados en dos cheques: uno de $4 mil 500, el 24 de julio; y otro, de $17 mil 700, de junio pasado.
“Yo soy asesor de la Asamblea… Yo no tengo que darle ninguna explicación. Si usted investiga, el contrato debe decir cuál es la función, entonces haga su investigación completa. Si yo soy funcionario de la Asamblea, usted tiene que ir a Recursos Humanos de la Asamblea donde se registra eso… A mí no me tiene que preguntar nada. Yo tengo que hacer mi trabajo y a usted no tengo que explicarle nada, independiente de que son fondos públicos…”, se disgustó Álvarez Tejeira vía telefónica.
También, Juan Antonio González González (PRD), con $18 mil 746, pagados en dos cheques. Este último aspiró a suplente de alcalde por el PRD en el distrito de La Pintada en los comicios generales de 2019. La Prensa no pudo contactarlo.
Los exdiputados María Chelita Delgado y Alfredo Fello Pérez –ambos del PRD– también figuran con contratos de $24 mil 666 para cada uno, iguales en monto al recibido por Ortega.
La Prensa llamó a Delgado, quien prometió hablar más tarde y facilitar los documentos de su trabajo. Sin embargo, no lo hizo. “No tengo nada que ocultar, soy una mujer transparente, honesta, responsable y trabajadora. Y como ciudadana panameña, profesional con experiencia y con necesidad de empleo ante la Asamblea Nacional, realicé la entrevista correspondiente y fui seleccionada, por lo que agradezco a Dios”, dijo en un mensaje de texto.
No mencionó qué diputado la contrató ni qué trabajo hizo. Insistió en que cumplió con las tareas de planificación, “organización efectiva” y asesoró en estudios y diagnósticos de salud y trabajo y que sus informes reposan en los archivos de la AN.
“Repito, no tengo nada que ocultar, siendo una mujer transparente, honesta, responsable y no veo nada malo en solicitar un empleo y ser considerada. ¡Soy panameña!”, concluyó Delgado.
A su turno, el exdiputado Pérez se negó a dar información. “Lo siento por usted, pero a periodistas de La Prensa no le doy entrevistas. Ya que mantengo una demanda legal con este medio de comunicación por acoso, calumnias e injurias, daños y perjuicios. Por tal razón, todo lo que La Prensa publique de mí se añadirá al expediente”, contestó en un mensaje de texto.
Otro con contrato por servicios profesionales es el exdiputado Juan Manuel Peralta (PRD) con un contrato de $14 mil 800, de julio pasado. Peralta fue diputado en dos periodos por Natá y Olá, Coclé. También aspiró a diputado suplente en las pasadas elecciones, pero no obtuvo los votos.
“Yo presté mis servicios de asesoría y entregué mis informes correspondientes al periodo contratado. Eso debe reposar en archivo. Soy una persona seria y responsable, y trato de ayudar a mucha gente que lo necesita, mi contrato es con la Asamblea, no con ningún diputado, atiendo temas de la Asamblea en general viendo diferentes proyectos que se presentan”, contesto por escrito.
Más de 10 veces llamó ‘La Prensa’ al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, y le envió cuestionarios a través de su equipo de prensa, así como a su celular: ¿Cuál fue la razón por la cual se emitieron estos pagos en plena pandemia; qué actividades tenía la Asamblea?
También se le preguntó por las funciones de este personal y cómo se reporta sus actividades a la Contraloría, ya que indicaron no tener una plataforma para facilitarlo al medio. No hubo respuestas.
Añadió que atendió “diferentes grupos de personas que presentan inquietudes y problemas de la población en general, hacer recomendaciones a proyectos de ley” o, en el caso de los jubilados, que presentaron “inquietudes por la pandemia, el tema de la gente que piden nombramientos, la distribución de bolsas que mucha gente reclama…” describió Peralta como sus funciones, quien figura con otros contratos por más de $41 mil en 2016, 2017 y 2019.
También hay familiares de políticos con contratos. Es el caso de Mario Gálvez, hermano del diputado Sergio Chello Gálvez, por un monto de $14 mil 833. Este es uno de los múltiples casos en los que personal de la hoy desaparecida planilla 080 migró a la 172.
La Prensa intentó contactar a Gálvez, le llamó y le dejó un mensaje preguntando si había gestionado el contrato de su hermano y cuáles eran sus funciones, pero no respondió.
¿Por qué la Contraloría refrendó estos contratos durante la pandemia? Según la Dirección de Fiscalización de la institución, “no existe ninguna disposición emitida por el Ejecutivo que, basada en el plan de austeridad, permita a la Contraloría General de la República negar el refrendo de estas planillas...”. Y sobre el llamado de austeridad, informó que le corresponde al Gobierno “determinar las reglas a seguir y nosotros, como ente de control de las finanzas pública, nos corresponde fiscalizar que el gasto que se realiza cumpla con las medidas determinadas por el Ejecutivo”. respondió por correo.
La Prensa preguntó al presidente de la AN ¿qué tipo de actividades tenía la AN en esos meses que coinciden con la paralización del país que requería tal cantidad de contratos. También se le preguntó sobre la información requerida para refrendar los contratos. Pese a haber recibido las preguntas por correo electrónico el pasado 1 de octubre, de mensajes de texto y unas 10 llamadas, el funcionario no respondió.
Fuente informativa: La Prensa Panamá
